¿Puedo llevarme los exámenes a mi casa?

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¿Puedo llevarme los exámenes y demás pruebas del alumnado a mi casa para corregirlos? Es habitual que esta práctica se haga como costumbre, pero, ¿tiene garantía el docente de estar actuando de acuerdo a norma? ¿Cuál es la regulación que hay al respecto y cómo podemos proceder? ¿Está este material amparado por la Ley Orgánica de Protección de Datos 3/2018?

Empecemos por el principio: los centros escolares tratan cada curso escolar cientos de datos académicos y personales relativos a menores de edad y sus familias, cada vez a través de servicios y plataformas informáticas.

El uso y almacenamiento de los mismos genera un intenso debate social en el que se demuestra la complejidad de un entramado que bascula entre dos derechos fundamentales por parte de un tipo de profesionales que, habitualmente, no tiene bagaje o formación en estos campos:

  • El derecho a la educación y el derecho a la privacidad.
  • Y la seguridad de los datos que se tratan, muchos de ellos de especial protección por su naturaleza, y más en lo que respecta a menores de edad.

Si dejamos para otro momento lo relativo a los datos especialmente sensibles, como pueden ser los referidos a la situación de salud o condiciones personales de nuestro alumnado, al profesorado le suele preocupar las circunstancias en la que debe manejar o almacenar la recogida de datos de la evolución académica de sus estudiantes (exámenes, trabajos y demás pruebas de recogida de información), mediante los llamados instrumentos de evaluación.

Puedo llevarme los exámenes a mi casa

Entonces, como docente ¿puedo llevarme los exámenes a mi casa?

Lo primero que debemos de tener claro es que estos documentos suelen incluir por un lado datos personales y, por otro, información académica. En el primer caso (por ejemplo, nombre, apellidos, curso y grupo del estudiante), su tratamiento se rige por la legislación vigente en esta materia; eso conlleva que el uso de los datos que obtengamos solo puede circunscribirse al ámbito académico, por lo que cualquier otro uso requerirá del consentimiento formal de la persona interesada o sus responsables legales (en caso este último de ser menor de 14 años).

Eso nos lleva a deducir que estos documentos debieran ser custodiados y manipulados siempre en el centro escolar.

Sin embargo, otras posibles fórmulas de manipulación y tratamiento de esta  documentación que también refleja evolución académica como tal podrían estar reguladas de forma racional en las normas de funcionamiento de los centros, sin entrar en contradicciones con ninguna norma del marco legal superior, dado que las características del horario de trabajo del profesorado incluyen una serie de horas semanales de no permanencia en el centro, dedicadas muchas de ellas, por ejemplo, a la corrección de materiales de evaluación.

En esa misma línea, y en esa regulación detallada y aprobada por el Consejo Escolar, podrían estar detalladas aquellas circunstancias excepcionales y motivadas en las que el centro –responsable final del tratamiento y almacenamiento de la información– estipula que un docente puede manejar esa información fuera del recinto escolar y bajo qué circunstancias y limitaciones concretas, además de estar la comunidad educativa informada de todo ello.

Como se trata, sobre todo, de un tema de seguridad de datos, y esta información académica sale del centro escolar (responsable siempre último de los datos e información), hay que recordar al personal docente que, tal y como indica la Agencia Española de Protección de Datos en su Guía sectorial para centros educativos, a la información del alumnado solo podrán acceder:

“Las personas que lo necesiten para ejercer la función que tengan encomendada, ya sean del equipo directivo, del claustro de profesores o tutores, profesores, personal de administración o de servicios.”

Cualquier otro uso o acceso, por lo tanto, no está permitido, por lo que debemos ser especialmente cuidadosos en el tiempo y formas en las que manejamos estos materiales del alumnado.

En ese sentido, el profesorado tiene que ser plenamente consciente de su responsabilidad profesional en el tratamiento que haga de estos datos personales e información académica, mediante el denominado deber de sigilo, también de aplicación como es lógico en sus horas de trabajo que no son de permanencia obligada en el centro.

Este deber siempre deberá regir el principio de nuestras actuaciones cuando recabamos informes, pruebas, registros, exámenes, imágenes, etc. que contengan información del estudiante, de cuyo tratamiento es responsable, recordemos siempre, la Administración educativa o el centro escolar.


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Limitaciones temporales de conservación

También hay que tener en cuenta las limitaciones temporales en cuanto a la posesión de estos documentos escritos o audiovisuales y registros materiales que tienen que ver con el proceso de aprendizaje del alumnado, de acuerdo siempre con lo reflejado en las programaciones didácticas. Así, puede haber normativa de concreción autonómica que estipule un tiempo máximo de conservación de estos materiales.

En caso de que no la haya, de nuevo es conveniente que el centro escolar regule la conservación de estos materiales a través de sus reglamentos o normas de funcionamiento, incluido el lugar del recinto escolar en el que son almacenados dichos documentos, los procedimientos para su protección y los derechos que regulan el acceso a las mismas por parte de las personas interesas (estudiantes y familias).

Tema de mucha controversia y complejidad, por lo tanto, debido a la naturaleza y origen de estos datos e información. Por ello, a la hora de actuar lo recomendable es siempre hacerlo bajo los criterios de proporcionalidad, rigor, confidencialidad y máxima seguridad, en aras de la protección de los menores de edad y en cumplimiento de los deberes profesionales inherentes a nuestra función.

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