Ataque a la independencia de la inspección educativa

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La LOMLOE o ‘Ley Celaá’, futura ley de educación vio aprobado su dictamen el pasado viernes 13 de noviembre en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados. Será la octava ley de educación de la democracia.

La redacción incluye una enmienda propuesta por los grupos políticos que sustentan al gobierno que elimina la realización de pruebas para el acceso al cuerpo de Inspectores de Educación.

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La LOMLOE o ‘Ley Celaá’ y el acceso al cuerpo de Inspectores de Educación

Esto podría conculcar el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TRLEBEP) que, en su artículo 55 consagra como principios rectores del acceso a la función pública los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Está claro que la supresión de la prueba o pruebas en la fase de oposición en el proceso selectivo de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación vulnera, de forma clara y palmaria el artículo 61. 6 del TRLEBEP que prescribe que:

“Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación”.

El gobierno, de esta manera, desconoce e ignora las leyes fundamentales en vigor que él mismo debe hacer respetar.

Esta enmienda pretende adulterar y alterar fraudulentamente y, por lo tanto, sin ajustarse a la Ley, la naturaleza del Concurso-Oposición, como sistema de acceso a la función pública.

La enmienda en su propia naturaleza es un ataque frontal al principio de objetividad de la Administración Pública contenido en el artículo 103 de la Constitución Española.

La posibilidad de que estas plazas sean ocupadas por funcionarios altamente preparados, que persigan, por encima de cualquier otra consideración política de carácter meramente ideológico y clientelar, el ejercicio imparcial y profesional de las responsabilidades inspectoras en educación, es una pesadilla para políticos de cualquier color político.

Pruebas objetivas de conocimientos y de técnicas específica constituyen la columna vertebral de cualquier oposición para el ingreso y acceso al ejercicio de la función pública en España y en cualquier país democrático de nuestro entorno.

La objetividad y transparencia es fundamental para que quienes accedan a la inspección desarrollen sus tareas adecuadamente en cumplimiento de la legalidad educativa.

El proyecto LOMLOE sustituye la oposición actual por una valoración subjetiva

Sustituir las pruebas objetivas actuales de la oposición, por una valoración subjetiva que permita el acceso a personas sin la preparación adecuada para el desempeño del puesto de inspector de educación significa renunciar a una inspección educativa independiente, todo un paso decisivo en la degradación del sistema.

Demostrar preparación técnica mediante pruebas objetivas es fundamental para garantizar los derechos de toda la comunidad educativa y el cumplimiento de las Leyes.

Este cambio va a suponer, de facto, volver a la década de los ochenta, en la que la selección de los inspectores e inspectoras no estuvo sujeta a criterios objetivos, garantizados por la constatación de los conocimientos y los méritos aportados, sino por otros de dudosa verificación, ya que permitieron nombramientos, sujetos a afinidades espurias, ambiguos o directamente arbitrarios

Es curioso también que a esta “enmienda transaccional” se le haya adjudicado el número 27, precisamente el mismo artículo de nuestra Constitución que contempla el mandato constitucional del derecho a la educación, junto a la prescripción de que “los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes”.

Diseñando una inspección educativa devaluada, no profesional y dependiente de políticos, se pone seriamente en peligro las garantías constitucionales que conlleva el derecho a la educación.

La actual fase de oposición es bastante mejorable, pero siempre sobre pruebas que aseguren la objetividad y la transparencia.

USIE considera que el modelo actual de acceso a la inspección debe modificarse en su parte teórica y práctica, con menos predominio memorístico, con temas más actuales ajustados a la realidad de la función inspectora que demuestren la madurez profesional de los aspirantes sobre los retos de la escuela de hoy, así como potenciar una fase de prácticas mucho más formativa.

La enmienda no soluciona esto, sino que por el contrario genera sospechas de favorecer el amiguismo y la opacidad.

USIE exige que la ley contemple no solo el acceso a la inspección sino también la carrera profesional docente un tema ya planteado también en el Estatuto Básico del Empleado, como mejora personal y colectiva del sistema educativo.

La elaboración/reforma de una Ley Orgánica de Educación, de espaldas a padres, alumnos, inspectores, profesores, patronal de enseñanza, sindicatos y asociaciones profesionales docentes y sin asistencia de los medios de comunicación es lamentable, una democracia debe basarse en la participación, el dialogo y la transparencia.

Esperamos que ahora, en la segunda lectura que haga el Senado, se pueda revertir este grave error porque, renunciar a una inspección educativa independiente es un paso decisivo en la degradación del sistema.

Si deseas colaborar y firmar en la campaña de sensibilización social para revertir esta situación, puedes hacerlo en la siguiente dirección: inspectores de educación: Defensa del acceso a la Inspección de Educación por oposición con pruebas objetivas – ¡Firma la petición! chng.it/WjBddHN7.


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