EDUCACIÓN Y REPRODUCCIÓN CONSERVADORA

Ante el incremento de los riesgos y las desigualdades que está generando el modelo informacional de desarrollo, la educación se convierte en un escenario central en el que de nuevo se dirimen y se reactualizan las luchas y los conflictos distributivos y de legitimación entre las clases sociales, los grupos de interés y el Estado.

Como en toda coyuntura histórica de transición compleja a un nuevo modelo económico, político y cultural de sociedad, la educación se sitúa en un primer plano de debate trasparentando la pluralidad de intereses y presiones en juego a fin de influir en la definicion de políticas, en la distribución de recursos y en la negociación de concepciones y significados en tomo a sus funciones, prioridades y objetivos.

En cierto sentido estamos ante una coyuntura que hace recordar los debates políticos que se desarrollaron en los años 60 en tomo a la contribución económica y social que debía jugar la educación como motor e impulso del desarrollo económico y como vía abierta de movilidad social. Ahora, nuevamente se recuperan las teorías del capital humano formuladas por entonces, haciéndose hegemónicas y orientando las actuales políticas y discursos institucionales ante los problemas del empleo, la cualificación, el crecimiento económico  la exclusión social. Nuevamente, se apela a los individuos y al conjunto de la sociedad a invertir en educación formación como la mejor y más rentable garantía ante las exigencias del presente y ante las incertidumbres del futuro.

La educación y la formación reaparecen como el mejor instrumento disponible para reducir el alcance de la futura fractura social, para aminorar las crecientes desigualdades y para potenciar la empleabilidad a  largo de la vida. La socialdemocracia de centro o Tercera Vía es la opción que más defiende esta solución, aunque matizándola en un marco muy estrecho de decisión política donde pesa mas no perder el apoyo de las clases medias «ganadoras», plegándose a buena parte de sus intereses aunque sean estos las Fuentes desencadenantes de la mayor exclusión social (reducción fiscal, educación privada, Estado-mínimo, remercantilizacion de servicios públicos, etc.).

En un marco de pérdida de poderes del Estado en la fijación de políticas monetarias y económicas, ante un mercado ya globalizado y desnacionalizado, la política educativa pasa a ser la «mejor» política económica y la política de empleo pasa a ser la «mejor» política social, según el ideario del nuevo «reformismo desde centro». Como muy bien señala Alonso, en lugar de potenciar el aseguramiento de nuevos derechos y la generación de empleo, igualdad y bienestar para todos, se defiende la remercantilización de los servicios públicos, el déficit cero en el gasto público y un Estado del Bienestar más ligero y descentralizador que subcontrata el mismo la acción asistencializadora en programas más focalizados, bordeando la desresponsabilización publica de sus fines.

Ante este escenario, estructuralmente tan restringido, la educación y la formación no pueden por sí solas hacer frente al aumento estructural de las desigualdades, y menos cuando quedan en solitario al haberse renunciado a otros instrumentos redistributivos mucho más eficaces en la lucha contra la estructura de la desigualdad. Sin embargo, la ausencia o el deterioro de la educación-formación sí que agravan y hace disminuir las oportunidades sociales, taponando la contribución efectiva que la educación hace a la igualdad social. De hecho, la política educativa no juega un papel neutro ni tampoco pasivo en el nuevo contexto económico, pasando a tener un papel activo y decisivo en la legitimación de los respectivos proyectos futuros de sociedad y de ciudadanía: – decantándose desde posiciones conservadoras, como instrumento reforzado de selección social y distinción cultural en el corto plazo, a fin de reproducir de inmediato la nueva división del conocimiento y del trabajo en tres tercios: tercio profesional superior, tercio intermedio y tercio inferior poco cualificado.

Refundándose desde posiciones transformadoras y progresistas como un instrumento igualador e inclusivo de largo plazo que refuerza la ciudadanía democrática, garantiza el acceso de todas/os al conocimiento y a empleos de calidad, y contribuye a una mayor justicia social desde nuevas propuestas destradicionalizadoras.

En la práctica y puesta en marcha de políticas educativas y de acceso al conocimiento, ambas posiciones no se corresponden necesariamente con la derecha y con la izquierda electoral. Es más, la izquierda tradicional anclada en la cultura política de la modernidad industrial (la vieja “socialdemocracia que describía Claus Offe) hoy ha sido desplazada, por su inmovilismo, en la posición conservadora del anterior esquema. Tan sólo en sus discursos y en su retórica política mantienen los viejos ideales de la igualdad de oportunidades a través de la escuela. Sin embargo, sigue sin introducir transformaciones radicales en los sistemas educativos, en los currículos escolares, en el ajuste formación-empleo y en la concreción de propuestas igualitaristas de acceso al conocimiento que sean capaces de responder al alcance de los cambios estructurales que experimentan nuestras sociedades.

Los nuevos cambios sociales exigen la concreción de un nuevo derecho al conocimiento que supere, ensanche y reactualice el decimonónico derecho a la educación restringido a la escolarización, transformando no solo la escuela, el curriculum obligatorio y los ciclos post-obligatorios, sino la propia identidad de derechos de la ciudadanía, enriqueciéndola con propuestas innovadoras que permitan su plena participación en la decisión pública del nuevo modelo de sociedad del conocimiento.

En la modernidad reflexiva, la deliberación de modelos de futuro ya no está encerrada en las decisiones elitistas de expertos y centros restringidos de poder y mucho menos ante el desafío para el bien común que representa refundar el modelo social y de convivencia para que obtenga una amplia legitimación social e histórica.

La deliberación participada de nuevos accesos, nuevas educaciones y nuevas políticas de conocimiento es una precondición para hacer más democrático el modelo legítimo de sociedad del conocimiento, neutralizar sus mayores riesgos de exclusión y vulnerabilidad social y universalizar mejor sus beneficios y oportunidades entre toda la ciudadanía sin distinciones.

Ante este nuevo escenario potencial, el cortoplacismo de los conservadores rehuye cualquier tentativa de debate público de amplio calado. Asimismo, rehuye las propuestas de «gran pacto social» que salvaguarde un nuevo derecho al conocimiento como nueva conquista de la democracia que completa los derechos y titularidades de ciudadanía. Sus intereses son mas pragmáticos, realistas y sinceramente egoístas, al preservar los privilegios del tercio superior de familias y de profesiones, enfatizando la individualización meritocrática de la desigualdad como un resultado «natural» e irremediable contra el que poco se puede hacer y mucho menos dialogar o poner en duda.

Ante el mayor cierre, selectividad e inseguridad del mercado de trabajo, la solución más abiertamente conservadora consiste en reformar la educación obligatoria como un medio explícito de selección social y cultural, consiste en promover la remercantilizacion educativa desinvirtiendo en la red pública, consiste en privatizar el conocimiento reforzando el poder de mercado de los grupos ya privilegiados y consiste en deprimir y vaciar la mera posibilidad de plantear un nuevo derecho al conocimiento. De ese modo ejerce como fuerza conservadora evitando que se ponga al día el viejo proyecto de la modernidad educativa, definido hace ya más de un siglo y restringido, como ya hemos dicho, a la escolarización. Deprimir nuevos derechos impostergables y volver al elitismo y la jerarquización cultural del pasado: esta receta de acción conservadora es fiel a misma, restituyendo la superioridad de clase, el darwinismo social y la excelencia meritocrática como tradiciones ideológicas y organizativas inmutables y plenamente eficientes que se han de conservar como normas rectoras para toda la sociedad.