3. LA ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA

La actuación de la inspección educativa debe ser social, entendida como responsabilidad ante la sociedad, las zonas y comunidades educativas, los centros, los profesores y las familias. Es decir, desde una organización interna, participativa y en red, y una autonomía alcanzada por las fórmulas de dependencia que hemos explicado, la actuación social de la inspección supondría la intervención sistémica sobre zonas y centros, con un desarrollo democrático y transparente, tanto en su organización interna, como en su relación con otras instituciones y con información transparente y permanente de sus actuaciones y de los informes y dictámenes que emanen de las mismas.

3.1. Ejes de actuación.

La actuación de la inspección educativa debería estar vertebrada y organizada por una serie de ejes que pasamos a desarrollar en los siguientes apartados.

3.1.1. Control, evaluación y asesoramiento como servicios públicos.

Las funciones tradicionales atribuidas a la Inspección, en su trabajo dentro del sistema educativo, deben ser redefinidas y reconceptualizadas de acuerdo a las razones y cambios que hemos descrito.

Los orígenes históricos de la Inspección iban asociados a funciones de control y supervisión, primordialmente con referencia a la norma y en especial del profesorado. El control y la supervisión meramente normativa del maestro o profesor, debe ser sustituido por el control y supervisión de centros y del sistema, con una naturaleza más pedagógica que administrativa o, al menos, en equilibrio coherente y con referentes añadidos a la norma, aunque fundamentados y justificados en estudios contrastados. Por tanto, estaríamos hablando de una función de contrastación, tomando como referencia la norma, los datos e informaciones, los recursos, etc., que deberá estar vinculada inexorablemente a la siguiente función.

La evaluación debe ocupar un eje fundamental del trabajo del inspector pero con dos consideraciones: la información a la ciudadanía del funcionamiento del sistema educativo y de los centros en todos sus aspectos y, al mismo tiempo, una evaluación que conduzca a cambios reales en los centros, internalizados y sostenibles. Ello obliga a prácticas colaborativas, liderazgo permanente y capacidad mediadora entre el centro político de gestión y los centros educativos o los ciudadanos. En este sentido, deberíamos hablar de análisis sistémicos de zonas, centros o situaciones educativas. De estos análisis se derivarán los informes correspondientes que deben ser públicos.

Por último, el asesoramiento e información al conjunto de la comunidad educativa no sólo sobre la normativa legal, sino también sobre tendencias educativas que afectan a la calidad y equidad del sistema, para dar respuestas a desajustes o necesidades. Más que de asesoramiento, deberíamos hablar de información e intervención para propiciar mejoras. Para lo que será necesario la dirección de otros servicios, las propuestas sobre asignación y gestión de recursos, etc. Esta intervención, en la línea de lo que venimos propugnando deberá tener un carácter global y sistémico. Se desarrollarán intervenciones zonales, en centros y sobre aspectos puntuales.

En resumen, se ha de pasar del control/evaluación/asesoramiento sobre docentes para la Administración, a la contrastación, el análisis y la intervención sobre elementos del sistema educativo (en zonas y centros) para el conjunto de la sociedad y la administración. Toda actuación contemplará estos elementos: contrastación, análisis, informe, intervención.

3.1.2. La visión estratégica de la actuación.

La actuación de la inspección educativa se regirá por unas líneas generales, basadas en necesidades educativas de la Comunidad Andaluza, contratadas y demostradas con evidencias, en prevención de perversas utilizaciones políticas de un órgano tan importante para el sistema educativo. Estas líneas deberán tener en cuenta las conclusiones de las investigaciones o los estudios internacionales sobre educación que se publican periódicamente, así como las recomendaciones u objetivos planteados por organismos internacionales (entre otros, los correspondientes al marco europeo de referencia). Por ejemplo, hoy existen acuerdos sobre temas claves que deberían ser tenidos en cuenta, como la formación del profesorado, la dirección de los centros o la participación y colaboración educativa de otros estamentos de las comunidades en los centros y zonas. En este sentido, las líneas generales y estratégicas planteadas deberán mantenerse en el medio plazo, que puede ser tres o cuatro cursos académicos, periodo necesario para la posible transformación de elementos sustanciales.

Se trata de focalizar claramente sobre elementos claves la actuación de la inspección en las zonas y los centros, con visión estratégica y de futuro a medio plazo.

3.1.3. La calidad no es gestión administrativa.

El término calidad es un lugar común que suele aparecer como horizonte de referencia en cualquier discurso educativo, tanto de las administraciones como de los centros y profesores. Igualmente, se viene presentando ante la Inspección Educativa como uno de los referentes de su trabajo. Si tenemos en cuenta este punto de partida, hemos de aceptar, desde nuestro punto de vista, una premisa incontestable: para la mejora de la calidad educativa, la Inspección no puede circunscribirse a una actuación meramente administrativa. Por una razón elemental, la mejora de la calidad implica actuaciones que van mucho más allá, incluso de naturaleza distinta, a las de una simple mejora de la gestión administrativa, vinculada con el control del cumplimiento de la norma. Hoy por hoy, el mero cumplimiento de la norma no garantiza calidad educativa alguna, por lo que el referente de la Inspección, tradicionalmente unido al control de dicho cumplimiento, debe transformarse de forma radical. Aunque la norma siga siendo un referente, así debe ser en un estado democrático, hoy día existen acuerdos sobre otros referentes, de tipo técnico, que están publicados o en construcción.

3.1.4. De jerarquías de control a actuaciones sistémicas en red.

De acuerdo con lo expresado en el apartado de Organización interna, la actuación de la Inspección sobre las realidades educativas, no puede seguir respondiendo a estructuras jerárquicas en las que la Inspección aparecía como “el brazo armado” individual de los poderes políticos de turno. Los nuevos paradigmas sociales y las tendencias organizativas de los centros conducen a impulsar actuaciones sistémicas (más allá del exclusivo ámbito del centro educativo y, además, sobre parámetros diversos al mismo tiempo) y con funcionamiento en red tanto de los propios inspectores como de profesores y centros educativos. Los programas de trabajo que desarrollaremos en el último punto intentan responder a este concepto de actuación sistémica en red que es, a su vez, coherente con la organización sistémica en red que hemos propuesto para la propia Inspección.

3.1.5. La Inspección ya no es el ojo de la Administración: otras visitas, otros informes.

La Inspección tradicional configurada por el Estado nacional, en el siglo XIX, ha dejado huellas indelebles que aún perduran, incluso en el lenguaje, y que requieren una urgente revisión a la luz de los cambios que venimos defendiendo. Las distancias obligaban a las visitas periódicas a los centros y a informar a la administración que ostenta el poder, sobre el funcionamiento y las necesidades de todo tipo que presentaba el centro o el profesorado. Para estos fines, hoy esta labor es inútil e innecesaria, por lo que hay que reenfocarla. La Administración posee abundantes canales de información y comunicación con los centros que le permite un exhaustivo conocimiento de los mismos, así como una actuación inmediata sin necesidad alguna de los inspectores. Incluso, ciertos estamentos como los directores, configurados legalmente como representantes de la Administración ante sus centros (un ejemplo de las tendencias de reforzamiento del poder vertical y homologador), han sustituido sobradamente funciones que antes desempeñaban los inspectores.

De acuerdo con lo anterior, es obligada la reconceptualización de los instrumentos tradicionales del inspector: la visita y el informe. Desde nuestro punto de vista, la visita debe ser sustituida por la actuación sistémica sobre la zona o el centro y el informe aislado debe dejar paso a informes que contengan, descripción de situaciones, análisis o evaluaciones explícitas con consecuencias administrativas derivadas de las mismas, programas específicos de actuación, y dictámenes públicos a la ciudadanía sobre el funcionamiento del sistema educativo. Existe un acuerdo generalizado, entre una mayoría de inspectores, sobre la degradación del valor del informe, es decir, su falta de consecuencias. Por tanto, no se trata sólo de otros informes en cuanto al contenido sino también y sobre todo a la importancia y la respuesta que el resto de servicios administrativos le conceden. Éste es un elemento clave, y que puede funcionar a corto plazo, para una efectiva reforma de la organización y el funcionamiento de la Inspección.

3.1.6. Alcanzar la autonomía / respetar la autonomía.

Parece evidente que el modelo jerárquico tradicional se ha roto, que la heterogeneidad, complejidad y rapidez de funcionamiento del sistema educativo, obliga a modos distintos de relación entre los centros administrativos y los educativos, y que, por último, la compleja organización burocrática no responde a las necesidades de los ciudadanos, más bien parece funcionar simplemente para autoperpetuarse. Así surge un nuevo concepto de autonomía. Lo requiere el funcionamiento del sistema y lo exigen las nuevas tendencias sociales y educativas.

Autonomía para el trabajo del inspector que garantiza su profesionalidad y su no dependencia del poder y también autonomía para los centros y docentes. Pero ¿qué autonomía? No basta con la economicista o tecnocrática, hoy tan al uso, que utiliza la rendición de cuentas como presión mientras que, previamente, no concede la autonomía real. La propuesta debe ser participativa, democrática y esencialmente pedagógica, en el amplio sentido de la palabra. Este concepto de autonomía es el que debe ser impulsado y respetado para el inspector y por el inspector.

En los análisis de sistemas educativos con éxito se demuestra que la autonomía está vinculada con la confianza y que así se consiguen mejores resultados. Por tanto, la confianza debe ser el requisito inicial. Cuando se demuestre que no se ha traicionado dicha confianza, se adoptarán estrategias distintas, pero sobre los traidores, no sobre todos. Debemos tener en cuenta que la confianza da lugar a mayor responsabilidad de la mayoría sobre el desarrollo de sus tareas, de ahí la relación entre ambos principios.

3.1.7. La inspección como factor de equidad.

Si las políticas y reformas llenan sus preámbulos y finalidades con esta palabra como ideal educativo de funcionamiento del sistema, la Inspección debe convertir su acción en claro factor de aumento e impulso de la misma. Más allá del control administrativo sin más, la Inspección debe ser un agente activo de equidad tanto en la denuncia pública de lo que la agrede o la incumple como en la facilitación de medidas que la promueven y desarrollan. En los actuales momentos, de aumento de la desigualdad y la brecha social, consideramos que este eje es fundamental para la legitimación social del trabajo de la Inspección educativa.

3.1.8. Percepción de necesidades y valoración de la comunidad educativa.

El feedback de la inspección con la sociedad debe ser fluido y permanente. Al menos dicha corriente de comunicación debe tener dos polos fundamentales: por un lado la determinación de necesidades educativas y la definición de problemas y, por otro, la valoración del trabajo de la Inspección. Qué necesitan, cómo definen sus problemas y cómo valoran nuestro trabajo sobre sus necesidades y problemas son informaciones fundamentales para que la actuación social de la Inspección se mueva sobre un suelo firme y legitimado socialmente.

3.1.9. Dirección de los servicios de la zona.

En el desarrollo del trabajo en la zona, los equipos y/o subequipos coordinarán y dirigirán los servicios educativos de la misma, especialmente, los Equipos de Orientación Educativa y Centros de Profesorado, en aras de la consecución de los objetivos de los planes de trabajo que se desarrollan. En este sentido, es de particular relevancia la participación real y efectiva de la Inspección Educativa en la formación del profesorado, tanto en la determinación de sus necesidades como en su desarrollo, dado que todos los estudios e informes demuestran el carácter de factor clave de resolución de muchos de los problemas educativos que padecemos.

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