¿NI PÁGINA WEB?

La Ley de Transparencia regula la transparencia de la actividad de todos los sujetos que prestan servicios públicos o ejercen potestades administrativas mediante un conjunto de previsiones que se recogen desde una doble visión: la publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública.

Los centros educativos no dejan de ser organismos públicos y que ejercen una actividad administrativa y los docentes, funcionarios públicos. Según recoge la propia Ley:

«Los países con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno cuentan con instituciones más fuertes, que favorecen el crecimiento económico y el desarrollo social. En estos países, los ciudadanos pueden juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus responsables públicos y decidir en consecuencia. Permitiendo una mejor fiscalización de la actividad pública se contribuye a la necesaria regeneración democrática, se promueve la eficiencia y eficacia del Estado y se favorece el crecimiento económico».

A día de hoy, nos podemos encontrar con centros educativos que no tienen ni página web donde se pueda ver su proyecto educativo, ni su programación anual y en muchos casos ni la composición de sus claustros, los acuerdos del consejo escolar o la actividad que se desarrolla dentro de sus aulas.

La Educación en su ámplio espectro, en el que englobamos la Administración y los centros educativos, sus órganos de gobierno y gestión, necesita ser cada vez más transparente; ya que es un gesto de corresponsabilidad social y compromiso educativo, como así lo recoge la Ley Canaria de EducaciónEn su artículo 12, afirma que la gestión pública de un centro supone el compromiso de todos los sectores representados en el Consejo Escolar con el proyecto educativo del centro, y para ello están entre otros el Proyecto Educativo y la Programación Anual.

Asimismo, en la Ley de Transparencia, se profundiza en las obligaciones de publicidad activa de todas las Administraciones Públicas y aquellas entidades que, por su especial relevancia pública, o por su condición de perceptores de fondos públicos, vendrán obligados a reforzar la transparencia de su actividad, y como no debe ser menos, los centros educativos tendrían que estar incluidos en estos.

ACTUAR CON TRANSPARENCIA

Uno de los principios generales de buen gobierno es actuar con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia y con el objetivo de satisfacer el interés general y mantener una conducta digna y tratar a los ciudadanos con esmerada corrección.

Para ello la Administración Educativa, como así recoge la propia Ley Canaria, deberá favorecer que los centros docentes desarrollen nuevos canales de comunicación electrónica con las familias, favoreciendo la realización de consultas y el intercambio de información a través de Internet y otros medios análogos, y entre administraciones.

Por todo ello la administración educativa trata de garantizar la participación de la comunidad educativa en la organización, el gobierno, el funcionamiento y la evaluación de los centros, según recoge la Ley Canaria de Educación y corresponde a ésta favorecer la participación del alumnado en el funcionamiento de los centros a través de sus delegados de grupo y curso, así como de sus representantes en el Consejo Escolar.

CENTROS TRANSPARENTES

Debemos tender a centros transparentes en la gestión y en la programación, donde la comunidad educativa pueda saber en cualquier momento no solo qué aprendizajes está recibiendo el alumnado e impartiendo el profesorado, sino cómo se está realizando y quién está interviniendo en en el proceso.

Por ello, habría que fomentar, desde la Administración, la transparencia de los centros educativos porque a mayor transparencia, mayor confianza de la ciudadanía y, por ende, de la comunidad escolar en el sistema educativo.