Es necesario el Estatuto Docente para mejorar la educación

En breve la ciudadanía española será de nuevo convocada a las urnas, de nuevo las promesas electorales llenarán los espacios públicos, los medios de comunicación y las redes sociales. Probablemente una vez más la educación ocupará un segundo plano.

La publicación del reciente estudio del Ministerio de Educación y Formación Profesional “Datos y Cifras, Curso Escolar 2019-2020”,  evidencia la situación de nuestro sistema educativo, con sus luces y sus sombras, y el largo camino (tasa de abandono escolar, absentismo, ratios…) que queda para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 4 establecido en la Agenda 2030  de la ONU: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.

Los inspectores de educación somos conscientes de estas dificultades y retos pues el continuo contacto con los equipos directivos y docentes, las visitas a los centros, el asesoramiento a la comunidad educativa, las reuniones con las administraciones públicas permiten constatar que un sistema tan complejo como el mundo educativo español (en este curso habrá 8.237.006 alumnos y 712.181 de profesores), si bien las normas son importantes hay otros factores clave: la adecuada gestión de los recursos, la autonomía real de los centros, la reducción de los desequilibrios territoriales y sociales, una innovación educativa evaluada y contrastada, acceso a la docencia menos memorístico que ponga en valor la gestión del aula, etc.

Nuestra entidad profesional desde hace años insiste en centrar el foco del interés planteando algunas cuestiones básicas para mejorar la educación española: incrementar al menos hasta el 5% el PB invertido en educación, acuerdos educativos de ámbito estatal y autonómico que permitan evitar los bandazos legislativos y los enfrentamientos ideológicos, afrontar lo que hemos denominado los “agujeros negros” del sistema educativo (formación de personas adultas, alumnado con altas capacidades, formación profesional dual, etc) y una carrera profesional que debería regularse mediante el Estatuto de la Función Docente.

La disposición adicional sexta de la LOE, 2006, ya establecía las bases del régimen estatutario de la función pública docente, en las que se preveía el compromiso de abordar dicho estatuto en su integridad, pero hasta la fecha ha faltado, al igual que en otros temas educativos, voluntad política y valentía para afrontarlo.

La carrera profesional docente, está directamente relacionada con el tema central del XX Encuentro Nacional de Inspectores de Educación: LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN EN EL SIGLO XXI. El Encuentro se realizará los días 23, 24 y 25 de octubre en Sevilla,  organizado por USIE, sindicato profesional de inspectores de educación.

En este Encuentro intervendrán prestigiosos conferenciantes del ámbito universitario como Adela Cortina y Mariano Fernández Enguita, grupos de investigación e innovación como el Proyecto Atlántida además de reconocidos profesionales de la inspección de educación de diversas comunidades autónomas.

Los más de 300 asistentes al Encuentro, el mayor número de inspectores  reunido este año, reivindicarán la imperiosa necesidad de que se debata y publique el Estatuto de la Función Docente. Es una cuestión de Estado modificar aspectos claves que afectan a los docentes de todas las etapas y enseñanzas y por supuesto también a los inspectores de educación como los referidos al acceso a la docencia, la formación inicial y continua, la regulación de la promoción interna, la profesionalización de los equipos directivos,  la movilidad territorial, y otros aspectos como las diferencias salariales.

La inspección de educación además precisa un nuevo modelo organizativo y competencial que se adecue a las realidades socioeconómicas del siglo XXI sin perder su finalidad principal en un Estado de Derecho y bienestar: velar por el cumplimiento de las leyes y contribuir a garantizar los derechos de la ciudadanía en materia educativa.

¿Serán capaces nuestros políticos de afrontar en la próxima legislatura este tema o continuaremos con parches y decisiones coyunturales que nada resuelven?