LA GOBERNANZA EDUCATIVA

La Universidad Camilo José Cela presenta su nueva Cátedra de Políticas Educativas, liderada por Francisco López Rupérez, expresidente del Consejo Escolar del Estado En el marco de la presentación, López Rupérez ha dado a conocer el estudio académico que ha liderado, junto a Isabel García García y Eva Expósito Casas, bajo el título «La calidad de la gobernanza del sistema educativo español. Un estudio empírico»; que ha estado motivado por los nuevos y más exigentes requerimientos a los sistemas educativos en un contexto social y económico de complejidad creciente.

Se trata del primer instrumento de evaluación de la calidad de la gobernanza de los sistemas educativos que se desarrolla a nivel internacional. El instrumento de diagnóstico ha contado con las aportaciones de un panel de veintiún expertos que lo ha refinado, enriquecido y validado mediante un procedimiento Delphi de tres rondas de consulta.

I

Mediocridad de los gestores

del sistema educativo en España

Las conclusiones del estudio arrojan una severa sombra de mediocridad sobre el sistema educativo español en materia de gobernanza, que se corresponde, según la investigación, con el estancamiento de los resultados del sistema y el rendimiento de los alumnos. Si bien no es posible establecer empíricamente una conexión causal definitiva entre ambas mediocridades, según el estudio, el análisis conceptual y la abundante evidencia empírica disponible sobre otros factores análogos, aunque de menor nivel de generalidad, hacen “francamente plausible dicha conjetura”, en opinión del grupo de investigadores.

Recomendaciones a los políticos

para lograr el cambio

Por el nivel de generalidad del sistema educativo al que alude el estudio, el apartado de recomendaciones concierne, obviamente, a la cúspide del ejercicio del poder político –a nivel tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas–  con notables efectos en cascada sobre otros niveles de realidad del sistema inferiores y sobre sus actores. Destacamos las que siguen:

Que los partidos políticos elaboren un código de conducta inviolable en cuanto a los procedimientos de designación de los altos cargos y a sus requisitos.

Aplicar sistemáticamente ese código de “buena conducta” con exigencia de responsabilidades.

Aplicar el modelo del “Gobierno en la sombra”, a fin de que los partidos dispongan de tiempo para madurar las soluciones y propuestas; configurar equipos de gobierno, con sólidos conocimientos y experiencia, que estén en condiciones de asumir con garantías sus responsabilidades y de evitar soluciones improvisadas o arbitristas.

Recuperar la profesionalización de las administraciones educativas que evite que la designación por motivos políticos alcance a niveles inferiores, y se corra el riesgo de perder el conocimiento experto entre legislaturas.

Potenciar la formación de cuadros directivos en una gobernanza educativa de calidad para el siglo XXI.

Es decir, el trabajo denuncia que la selección de altos cargos educativos no cumple con los requisitos de mérito y capacidad. De esta manera establece una más que pausible hipótesis clara, evidente y distinta: que la falta de calidad de la gobernanza provoca como efecto la mediocridad de los resultados académicos y escolares, apuntando a una relación de causal  entre dichas variables.

Los autores afirman que es preocupante la frecuencia con la que la selección de altos cargos se ha producido por razones pseudopolíticas, sin que hubiera criterios ni requisitos tan imprescindibles como el conocimiento, el mérito y la capacidad técnica.

II

Necesitamos una educación

basada en evidencias sólidas

El estudio afirma que los políticos no tienen en cuenta las evidencias científicas a la hora de legislar y conjetura, basándose en la observación de lo que sucede con frecuencia en la Administración educativa, que el procedimiento de designación de los responsables políticos es uno de los factores que podrían estar en la base de la mediocridad.

Los autores manifiestan igualmente que la política de nombramientos deja mucho que desear, dando la impresión de que cuanto menos relación hay entre el candidato y el puestos, mejor.

III

Administración con mayor

autonomía e independencia

Comentario final. Nos urge una Administración con mayor autonomía e independencia política. Basada en el mérito. Un ejemplo: la inspección de educación.

Pongamos un ejemplo. El titular de la Consejería de Educación de turno (es igual qué Administración Educativa, hacen todas lo mismo) es nombrado por el titular de la Presidencia, de forma arbitraria. El titular de la Consejería nombra al Viceconsejero de forma arbitraria. El Viceconsejero nombra de forma arbitraria al Inspector General.

El equipo del Inspector General es nombrado de forma arbitraria. El Delegado Territorial de Educación es nombrado de forma arbitraria por el Consejo de Gobierno. El Delegado Territorial nombra de forma arbitraria al Inspector Jefe  y al Jefe Adjunto. El Inspector Jefe nombra de forma arbitraria a los Coordinadores de los equipos.

Mientras los políticos designen a dedo, por simple afinidad, interés partidista o personal a las persones que deben adoptar las decisiones que afecten a los ciudadanos (ya sean altos cargos o cargos intermedios) y los efectos de  dichas decisiones traducidas en su gestión no tengan consecuencias o responsabilidades ante terceros, francamente, pocas posibilidades de cambio o mejora podemos albergar.

Por eso, son cada vez más las voces cualificadas, sindicados y asociaciones profesionales, que claman por una dependencia funcional de las inspecciones generales de educación de los parlamentos. Serían estos los que nombrarían por mayoría cualifica a los titulares de las inspecciones generales y a sus equipos.

De esta manera sólo al legislativo se le  rendiría cuentas y no al que arbitrariamente nombra. Si los órganos de control están politizados, los ciudadanos y los  propios funcionarios  se encuentran en una evidente indefensión ante unas instancias que se autobloquean ellas mismas en el ejercicio de sus funciones.

Ya tenemos experiencias parecidas en la Administración General del Estado. La última, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El artículo 11 de su Estatuto preceptúa que:”El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desempeñará su cargo con dedicación absoluta, plena independencia y total objetividad. No estará sujeto a mandato imperativo, ni recibirá instrucciones de autoridad alguna.” ¿Por qué no algo así para la inspección? ¿Qué lo impide?

La inspección de educación debe ser mucho más que un órgano técnico al servicio de la Administración de turno. Es la responsable constitucional de que el derecho inalienable a la educación se convierta en realidad indiscutible para los ciudadanos más allá de intereses partidistas. Es el momento de introducir ya, estos cambios legislativos a través de la Subcomisión para el Pacto Estado Social y Político por la Educación, que desarrolla sus cometidos en el Congreso de los Diputados.

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Francisco Javier Fernández Franco, es funcionario del cuerpo de inspectores de educación con destino en la Delegación Territorial de Sevilla. Diplomado en maestro de EGB en las especialidades de primaria, educación física y pedagogía terapéutica. Licenciado en psicopedagogía y experto universitario en psicología del deporte y la actividad física. Articulista en varias revistas especializadas en temas educativos y ponente en seminarios y cursos de formación en diferentes instituciones relacionadas con el sistema educativo.