Mucho se ha escrito y hablado de la reforma educativa que impulsa la LOMCE, pero poco del giro radical que supone en cuanto a la concepción de la educación, del cambio de paradigma que hay tras la idea de poner a los centros a competir entre sí. Lo que el Ministerio de Educación ha puesto sobre la mesa es una liberalización del sector educativo, con la idea de que sólo esta vuelta de tuerca mejorará los resultados académicos, de los que se responsabilizan cada vez más los propios colegios e institutos.

De entrada, cuando la LOMCE introduce el criterio de “demanda social” a la hora de planificar la red de centros, se está dando alas a que las administraciones impulsen la concertada no únicamente donde haya una carencia de plazas escolares públicas, sino también donde las familias lo prefieran.

De ahí que comunidades como la de Madrid o la Valenciana, gobernadas por el Partido Popular, hayan dado un paso más al implantar el llamado distrito escolar único. Con este sistema, el criterio de residencia deja de ser determinante para la matriculación en un centro, intentando priorizar así la libertad de elección por parte de los padres.

Ahora bien, ¿qué sentido tendría instar a las familias a que elijan el colegio que más se ajuste a sus preferencias si luego todos los centros son prácticamente iguales? Aquí es donde entra en juego la mayor autonomía para los centros que consagra la LOMCE, según la cual cada uno tendrá más espacio para la especialización, para el desarrollo de su propio proyecto educativo.

Se busca de esta forma la diferenciación entre centros, para que las familias tengan realmente dónde elegir. Y en este marco, la competencia entre unos y otros para cubrir todas sus plazas está garantizada. Pero hay todavía un elemento más que la agudizará, como es el de la transparencia de resultados de la que habla el Ministerio. Dicho con otras palabras, la puerta abierta que se deja a la publicación de rankings de centros.

Prohibido expresamente por la LOE, este último aspecto pondrá en evidencia a los ojos de la opinión pública qué centros tienen mejores notas y qué centros se comportan peor, por ejemplo, en las evaluaciones diagnósticas. El Gobierno valenciano ya permite incluso que las familias tengan acceso a esta información, siempre y cuando se refiera a la del centro escolar en el que pretenden matricular a su hijo y sin usarla en ningún caso para elaborar un hipotético ranking. Al menos hasta que la LOMCE no entre en vigor.

Así que bien podría decirse que este cambio de paradigma pone a la enseñanza pública y concertada a mirarse de alguna forma en el espejo de la privada. Tratándose de un cambio tan profundo y radical del concepto del sistema educativo, tal vez hubiera sido deseable que los gobernantes hubieran explicado de una manera más clara lo que realmente se pretende hacer con la educación.

  • CARMEN MARTIN

    Sobra dogmatismo y falta rigor en el debate educativo. Me gusta su artículo. Cómo es posible que una familia no sepa de antemano cuáles son los rendimientos del centro en el que pretende matricular a sus hijos. A quién perjudica que esto pueda ser una realidad. Cuando lo evidente se sublima, se evidencia una mediocridad galopante. Miedo es lo que tienen aquellos que se oponen a la transparencia y a la evaluación con efectos.

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