Denuncia

En el día de hoy comenzamos una sección que, desde hace tiempo, se había sugerido a nuestra redacción, a través de diferentes vías de comunicación y desde diferentes puntos de la geografía panhispánica. Denuncia pretende dar visibilidad a diferentes sucesos que se producen en el seno de la comunidad educativa y que –en más ocasiones de las que nos gustaría– carecen de los cauces adecuados para su difusión y conocimiento. 

Nuestro primer caso es la denuncia de un suceso que, por su gravedad, merece ser conocido por los distintos miembros de la comunidad educativa. Se trata de un recurso de alzada presentado por don Enrique Jacinto Ruiz Alzola –opositor–, a propósito del último Proceso selectivo de Inspectores de Educación que se ha celebrado en Canarias. Sin más dilación, les dejamos con la relación de hechos que describe para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones a tenor de las presuntas graves irregularidades que expone1.

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RECURSO DE ALZADA

Enrique Jacinto Ruiz Alzola, mayor de edad, con domicilio a efecto de notificaciones en ****, teléfono de contacto **** y DNI ****.

EXPONE

Que, mediante el presente escrito, interpone Recurso de Alzada, previo a la vía contencioso-administrativa, contra el acta de calificación definitiva de la primera parte de la prueba) de la fase de oposición (acto de trámite) del Procedimiento Selectivo para acceder al Cuerpo de Inspectores de Educación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, correspondiente a la Oferta de Empleo Público del año 2018 convocado por Orden de 28 de marzo de 2019 (BOC nº 66, de 4 de abril) de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias y solicita la inmediata suspensión cautelar de la misma hasta que se dicte Resolución sobre el fondo del asunto por parte de la Dirección General de Personal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que el pasado día cuatro de abril de 2019 se publicó en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la Orden de la Consejería de Educación y Universidades (BOC nº 66) del Gobierno de Canarias por la que se convoca procedimiento selectivo para acceder al Cuerpo de Inspectores de Educación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, correspondiente a la Oferta de Empleo Público del año 2018.

SEGUNDO.- Que el pasado día tres de junio de 2019 se publicó la Resolución de la Dirección General de Personal de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos en el procedimiento selectivo para acceder al Cuerpo de Inspectores de Educación, convocado mediante Orden de la Consejería de Educación y Universidades de 28 de marzo de 2019 según lo establecido en el apartado 4.3 de la Base cuarta de la precitada Orden, figurando el abajo firmante con el número de orden «doce» en el listado de aspirantes admitidos por la modalidad de Concurso-Oposición como puede comprobarse en el Anexo I de la referida Resolución.

TERCERO.- Que en los «Resuelvo» tercero y cuarto de la Resolución antes citada se disponía respectiva y textualmente «Establecer como Centro Sede del Tribunal que ha de juzgar este proceso selectivo, en el que habrá de celebrarse las pruebas y demás actuaciones que corresponda a dicho órgano, el edificio sede será el Conservatorio de Música de Las Palmas de Gran Canaria» y «El acto de presentación de aspirantes tendrá lugar el día 2 de julio, a las 10:00 horas, para los aspirantes que participen por la modalidad de concurso de méritos, y a las 12:00 horas para aquellos que participen por la modalidad de concurso–oposición. Para estos últimos, la primera parte de la prueba de la fase de oposición dará comienzo el día 4 de julio, a las 9:00 horas».

CUARTO.- Que el pasado día dos de julio de 2019 el Tribunal publicó el documento titulado «Criterios de calificación para la modalidad de Concurso-Oposición» estableciendo para la primera parte de la prueba como «Criterio general» el de «Emplear técnicas que sean adecuadas para la actuación inspectora y, como «Criterios específicos» los siguientes:

  • Criterio 1: Identificar y analizar la problemática del caso práctico1 puntos.
  • Criterio 2: Conocer, concluir y proponer actuaciones y técnicas inspectoras: 3,6 puntos.
  • Criterio 3: Conocer la normativa y valorar los hechos: 2,4 puntos.
  • Criterio 4: Estructurar y redactar un informe: 3 puntos.

DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL

QUINTO .- Que el autor del presente Recurso de Alzada se presentó en tiempo y forma tanto al acto de presentación de la modalidad de Concurso-Oposición como a la primera parte de la prueba de la fase de oposición entregando su ejercicio a los miembros del Tribunal al finalizar el mismo sin ningún incidente que merezca ser reseñado. Dicho ejercicio consistía en resolver un «Caso práctico».

SEXTO.- Que el pasado día cuatro de julio de 2019 el aspirante fue convocado por el Tribunal para el día siguiente, esto es, el cinco de julio de 2019, al objeto de que llevara a cabo la lectura de su ejercicio, según se establece en el apartado segundo de la Base novena de la Orden de convocatoria del procedimiento selectivo. Debe señalarse que los miembros del Tribunal disponían de la posibilidad de formular preguntas o solicitar aclaraciones al aspirante durante un máximo de quince minutos una vez terminada la lectura del ejercicio pero que, sin embargo, todos ellos rehusaron realizar cuestión alguna.

SÉPTIMO.- Que el pasado día trece de julio de 2019 el Tribunal publicó tanto el Acta de Calificación Provisional del primer ejercicio, así como una «hoja modelo» para formular Escrito de alegaciones en su caso a la calificación obtenida en dicho primer ejercicio estableciendo un plazo de un día para la presentación de la misma, siendo el mismo el pasado día quince de julio de 2019.

OCTAVO.- Que ese mismo día trece de julio de 2019 el Tribunal publicó igualmente un documento bajo la rúbrica «Caso práctico y solución», el cual se adjunta al presente Recurso de Alzada, y que, como se verá más adelante, constituye el objeto principal del contenido del presente escrito.

NOVENO.- Que la calificación que en la primera parte de la prueba le fue asignada quien más abajo firma por parte del Tribunal fue de 4,3833 puntos sobre diez posibles, con el siguiente desglose de puntuación entre los cuatro criterios de calificación establecidos por aquel:

  • Criterio 1: Identificar y analizar la problemática del caso práctico: 0,7500 (sobre 1)
  • Criterio 2: Conocer, concluir y proponer actuaciones y técnicas inspectoras: 1,6349 (sobre 3,6)
  • Criterio 3: Conocer la normativa y valorar los hechos: 1,2824 (sobre 2,4)
  • Criterio 4: Estructurar y redactar un informe: 0,7160 (sobre 3)

DÉCIMO.- Que el pasado día quince de julio de 2019 el recurrente presentó Escrito de alegaciones dirigido al Tribunal y también a esa Dirección General de Personal (DGP). Dicho escrito se fundamentaba en la absoluta oposición por parte del opositor que más abajo rubrica a la solución establecida (y publicada) por el Tribunal para una parte fundamental del «Caso Prác- tico» y en el mismo se instaba al Tribunal a la eliminación de los errores detectados en el documento de acuerdo a lo establecido en el apartado segundo del artículo centésimo noveno de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (BOE nº 236, de 2 de octubre), del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y a la consiguiente modificación de las calificaciones asignadas al reclamante. Se adjunta a este Recurso de Alzada tanto copia del Escrito de Alegaciones como copia de la Sentencia del Tribunal Supremo, STS 4193/2017, la cual fue aportada también al Tribunal en el momento de la presentación del referido Escrito de Alegaciones como documento adjunto al mismo.

UNDÉCIMO.- Que ese mismo día fue citado por el Tribunal para ser atendido, según lo establecido en el apartado tercero de la Base novena de la Orden de convocatoria del Procedimiento Selectivo, a las 16:50 horas del día siguiente, esto es, el dieciséis de julio de 2019. En dicha reunión no se encontraba presente ninguno de los vocales del Tribunal sino solo su Presidente y su Secretario, quienes entregaron al reclamante en persona un documento con la denominación «Valoración de don Enrique Jacinto Ruiz Alzola», en el que figuraban cinco rectificaciones de calificaciones impresas en bolígrafo azul y realizadas a mano. En todo caso, el contenido de la conversación mantenida con los dos miembros del Tribunal ya referidos no tuvo por objeto la valoración del ejercicio sino la corrección o incorrección de parte del contenido del documento «Caso práctico y solución», ya mencionado anteriormente, tal y como había hecho constar el entonces alegante y ahora recurrente en el escrito dirigido al Tribunal.

DUODÉCIMO.- Que durante la tarde de ese mismo día, después de atender a todos los reclamantes citados, el Tribunal publicó tanto el Acta de calificación definitiva así como el documento de convocatoria para la segunda parte de la prueba, estableciendo como fecha para ella el día dieciocho de julio de 2019 a las 9:30 horas.

DÉCIMO TERCERO.- Que el objeto de la controversia del recurrente con el Tribunal surge como consecuencia del error de hecho manifiesto en el que este incurre en parte importante de la solución dada al caso práctico, lo que ha producido el suspenso de la primera parte de la prueba de aquel, dado que la solución correcta del mismo hubiera implicado de inmediato la superación de la misma por parte de este opositor, tal y como puede comprobarse del análisis del contenido del documento ya citado, «Valoración de don Enrique Jacinto Ruiz Alzola» y, ello, por tanto, habría significado haber podido continuar participando en el procedimiento selectivo, motivo que justifica la interposición inmediata del presente Recurso de Alzada solicitando la anulación del acto administrativo consistente en la publicación del «Acta de calificación definitiva» de la primera parte de la prueba. Igualmente se solicita la subsanación del error de hecho presente en el documento «Caso práctico y solución» y la nueva corrección del ejercicio conforme a la adecuada solución del caso y, hasta que todo ello se materialice, la consiguiente suspensión inmediata del procedimiento selectivo.

DÉCIMO CUARTO.- Que, tal y como se puede comprobar de la lectura del documento publicado por el Tribunal «Caso práctico y solución», el supuesto inquiría, entre otras cosas, cómo debía actuar el inspector y cómo debía asesorar al director de un centro en el caso de recepción de un escrito de queja presentado por los alumnos sobre el desempaño profesional de un docente. El caso práctico también incluía la elaboración del informe correspondiente por parte del inspector una vez que se daba por cierta la veracidad de las referidas quejas. Por último, se planteaban otras situaciones con las que el recurrente no manifiesta un desacuerdo relevante en cuanto a la solución publicada por el Tribunal.

DÉCIMO QUINTO.- Que el docente del «Caso práctico» se encontraba, según la redacción textual dada al mismo, en la siguiente situación:

«- No imparte el módulo tal y como se recoge en la programación del departamento que se entregó al alumnado a principio de curso. Se ha limitado a hacer ejercicios de un libro y ver vídeos no relacionados con el módulo.
– Lee los apuntes y no los explica. Los apuntes no tienen organización y carecen de sentido, no dando continuidad entre una clase y otra.
– No sigue lo establecido en el currículo. No atiende a los resultados de aprendizaje del módulo, incumpliendo los criterios de evaluación y de calificación establecidos y exigiendo otros que no se habían informado.
– No hay una organización en el desarrollo de las prácticas en el aula: les dice que cojan los cos- méticos del armario y que practiquen entre los/as alumnos/as, sin enseñarles para qué sirven, có- mo se aplican, para qué tipo de pieles son, sin dar instrucciones para su uso ….».

DÉCIMO SEXTO.- Que el documento «Caso Práctico y solución» recoge como única posibilidad correcta para resolver la parte del ejercicio referida en los dos Antecedentes de Hecho inmediatamente anteriores, tanto en lo relativo al Criterio de calificación referido a la emisión del informe, como en los concernientes tanto a «Conocer, concluir y proponer actuaciones y técnicas inspectoras» como a «Conocer la normativa y valorar los hechos» la aplicación al mismo de los artículos décimo cuarto, décimo sexto y décimo séptimo de la Orden de 22 de mayo de 2011 (BOC nº 102, de 24 de mayo) de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, por la que se determina el procedimiento de constitución, ordenación y funcionamiento de las listas de empleo para el nombramiento de personal docente interino en el ámbito educativo no universitario de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificada por Orden de 7 de abril de 2016 (BOC nº 86, de 11 de abril), sin aceptar la forma acertada de actuar, que no era otra que la elaboración y remisión de un informe de propuesta de incoación de expediente disciplinario por falta grave o muy grave (en función de los hechos concretos verificados durante la actuación inspectora) a la Dirección General de Personal solicitando la suspensión cautelar de funciones del docente por estar sufriendo riesgo el derecho fundamental a la educación establecido en el artículo vigésimo séptimo de la Constitución Española (CE).

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que la fecha de emisión de la Resolución del Tribunal Supremo (TS), STS 4193/2017, ya mencionada fue el 21 de noviembre de 2017 y, por tanto, posterior a las Órdenes citadas en el Antecedente de Hecho inmediatamente anterior y las mismas deben ser aplicadas e interpretadas en consonancia con la Jurisprudencia dictada por el más alto Tribunal de Justicia del sistema judicial español, aunque al recurrente le quedase constancia del desconocimiento de este hecho elemental del saber jurídico que mostró el Presidente del Tribunal, como se puso de manifiesto en el encuentro que mantuvo tanto con él como con el Secretario del mismo, durante el pasado día, dieciséis de julio de 2019, tal y como se recoge en el Antecedente de Hecho undécimo. En este sentido cabe ya adelantar que, aunque a los inspectores de educación no se les exige tener formación jurídica para acceder al Cuerpo, no por ello puede dejar de aplicárseles el adagio clásico establecido en la sentencia de que «la ignorancia del sistema jurídico no exime de su cumplimiento» y más teniendo en cuenta que en el subapartado primero del apartado cuarto de la Base quinta de la Orden de convocatoria del procedimiento selectivo se establecía que, «El tribunal podrá proponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas y ayudantes. Es función de los primeros el asesoramiento a los miembros del órgano de selección en la evaluación de los conocimientos y méritos objeto de su especialidad. Los ayudantes colaborarán mediante la realización de las tareas técnicas de apoyo que se les asignen. En su actividad, unos y otros se limitarán al ejercicio de sus respectivas competencias. Su designación corresponde a la Dirección General de Personal de la Consejería de Educación y Universidades». Sin embargo, al abajo firmante no le consta que el Tribunal haya solicitado el asesoramiento de perito alguno en materia de Derecho Administrativo de la Función Pública (personal al servicio de las Administraciones Públicas) que era, como ya se ha visto, parte fundamental del contenido del caso práctico propuesto. También se solicitó en la referida reunión que se mantuvo tanto con el Presidente como con el Secretario del Tribunal que elevasen la correspondiente consulta al Servicio de Régimen Jurídico de la Dirección General Personal antes de la publicación del «Acta de calificación definitiva» de la primera parte de la prueba, dado que dicho Servicio sí que cuenta con personas especialistas en el conocimiento jurídico (y, de hecho, será esta la unidad administrativa que habrá de estudiar el presente Recurso de Alzada) pero al reclamante no le consta que ello haya sucedido, lo que, de confirmarse, constituiría una temeridad por parte del Tribunal. Por último, y aunque es cierto que la valoración de dicha forma de proceder no es competencia del abajo firmante, motivo por el cual no se profundizará en ella, el interesado sí debe dejar constancia de la misma, dado que ha sido manifiestamente perjudicado por ella.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El apartado segundo del artículo centésimo noveno de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (BOE nº 236, de 2 de octubre), del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que «Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos». Por tanto, una vez detectado un error de hecho en la actuación del Tribunal único que valora el procedimiento selectivo para el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación procede, a instancia de parte interesada, y legitimada por tanto para ello, solicitar a esa Dirección General de Personal (DGP) la rectificación del referido yerro, toda vez que el Tribunal, pudiendo haber llevado a cabo la mencionada rectificación decidió no hacerlo al realizar el acto administrativo de trámite del procedimiento consistente en la publicación del «Acta definitiva de calificación» de la primera parte de la prueba.

SEGUNDO.- El primer párrafo del apartado primero del artículo centésimo décimo segundo de la Ley 39/2015 dispone igualmente que «Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley». En cuanto a no cabe duda que el Recurso de Alzada ha de ser necesariamente admitido dado que el acto de trámite impugnado decide directamente el fondo del asunto, puesto que excluye al recurrente del procedimiento selectivo, y, además, produce indefensión y daño irreparable a un interés legítimo del recurrente, por el mismo motivo.

TERCERO.- La letra «c» del apartado primero del artículo cuadragésimo séptimo de la Ley 39/2015 estipula que son actos nulos de pleno derecho aquellos «que tengan un contenido imposible» y el apartado primero del artículo cuadragésimo octavo de la misma Ley establece como actos anulables «los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder». Es evidente que el contenido del acto recurrido tiene, en cierto sentido, un contenido imposible, tal y como se expondrá más adelante, pero, de lo que no cabe duda alguna es de que el acto cuestionado incurre en una infracción palmaria del ordenamiento jurídico vigente, tal y como se demostrará en un Fundamento Jurídico posterior.

CUARTO.- Entrando ya en el asunto material del presente Recurso de Alzada debe empezar por recordarse que el apartado primero del artículo vigésimo quinto de la Constitución Española de 1978 (CE) establece el Principio de Reserva de Ley con la siguiente redacción, «Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento», lo cual es de evidente aplicación tanto al Derecho Penal como al Derecho Administrativo sancionador, ya sea este último de origen disciplinario o no. Merece la pena empezar recordando este punto porque los dos miembros del Tribunal referidos no hicieron manifestación alguna sobre ello cuando fueron informados por el entonces alegante sobre el particular, llegándose a dar el caso de referirse a la actuación inspectora con el docente del supuesto del «Caso Práctico» como una propuesta (a la DGP) «sancionadora» lo que es manifiestamente incompatible con el pretendido uso de una Orden departamental del poder ejecutivo, sea este central o autonómico, como aparece reflejado en el documento «Caso Práctico y Solución» publicado por el Tribunal. En todo caso es cierto que tras la inmediata observación del error realizada por el abajo firmante el Secretario del Tribunal manifestó haber sido presa de lo que podría denominarse como un «lapsus linguae». Sin embargo, las dudas acerca del conocimiento de la materia jurídica de los miembros del Tribunal no pueden resultar disipadas, no ya debido a la inexistencia de requisito alguno acerca del conocimiento de la ciencia del Derecho para el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación, sino también por significativos errores de bulto de expresión jurídica, como el aparecido en la última página del documento «Caso práctico y solución» consistente es denominar «Fundamento Legal» (la CE usa precisamente la palabra «legislación» para establecer la Reserva de Ley) a lo que, en todo caso, sería un «Fundamento de Derecho» o un «Fundamento jurídico» por estarse refiriendo a una norma surgida del uso de la Potestad Reglamentaria atribuida por la CE al poder ejecutivo y, por tanto, sujeta a control de legalidad por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Por tanto, todo lo anterior hace albergar muy serias dudas al abajo firmante de que el Tribunal tuviera siquiera conocimiento de que la Administración Pública no puede sancionar a ningún ciudadano sin el respaldo de una norma emanada del poder legislativo. Por último, igualmente ha de señalarse que en el Escrito de Alegaciones que se remitió al Tribunal se hacían consideraciones (necesariamente sucintas) sobre ello y se acompañaba de una copia de la STS 4193/2017, siendo cierto que para poder entender su contenido es necesario conocer los conceptos jurídicos en este párrafo referidos (y algunos más). Por tanto, todo lo anteriormente expuesto permite sospechar, de forma razonablemente motivada y fundada, la existencia de una profunda falta de pericia sobre la materia objeto de este Recurso de Alzada por parte de los miembros del Tribunal.

QUINTO.- Pero, al margen de la consideración hecha en el Fundamento de Derecho inmediatamente anterior, y tal y como igualmente el recurrente explicó al Presidente y al Secretario del Tribunal en la reunión mantenida con ellos, no existe dentro del ordenamiento jurídico vigente la posibilidad de pretender aplicar al caso práctico parte alguna del articulado de la Orden de 22 de mayo de 2011 (BOC nº 102, de 24 de mayo) de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, por la que se determina el procedimiento de constitución, ordenación y funcionamiento de las listas de empleo para el nombramiento de personal docente interino en el ámbito educativo no universitario de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificada por Orden de 7 de abril de 2016 (BOC nº 86, de 11 de abril) dado que es materialmente imposible intentar calificar la conducta mantenida por el profesor expuesta en el «Caso práctico» como de «falta de capacidad pedagógica», como establece el artículo décimo octavo de la Orden, ni tampoco es subsumible en el supuesto de hecho previsto en el artículo décimo cuarto de la misma donde se hace referencia a un «período de prácticas» de cuatro meses de duración del docente interino del supuesto. Y ello es así, porque la lectura del Antecedente de Hecho décimo quinto del presente Recurso de Alzada, donde se transcribe literalmente la forma de proceder del referido profesor del «Caso práctico», deja claro que las conductas en las que incurre tienen neto carácter volitivo por lo que solo cabe actuar contra él por vía disciplinaria. Podríamos pues resumir diciendo que en el caso de encontrarnos ante una insuficiencia de aptitud habremos de calificar la situación como de «falta de capacidad», pero si nos encontramos ante un problema de actitud, cual es el caso, la vía de actuación solo puede ser la disciplinaria. En este sentido debe también reseñarse la sospecha del recurrente acerca del desconocimiento de los miembros del Tribunal del preciso significado jurídico de la expresión «falta de capacidad» confundiéndola con los conceptos de mala praxis, negligencia y culpa. Por tal motivo, también en la referida reunión, el alegante ofreció varios ejemplos al Presidente y al Secretario del Tribunal de situaciones concretas que sí pueden ser consideradas como de «falta de capacidad», como es el caso del profesor de Música que ha olvidado sus conocimientos artísticos y acusa por tanto «falta de capacidad» (es decir, insuficiente, o incluso nula, aptitud) para poder enseñar esta materia. Pero nada tiene que ver esta situación con la presunta comisión de una falta disciplinaria por parte de un empleado docente de la Administración Educativa en el desempeño de su función como consecuencia de una actitud negativa (conducta culposa y negligente y a valorar si también dolosa), como la presentada en el supuesto del «Caso práctico», lo que conduce de inmediato a la inaplicación de la Orden pretendida por el Tribunal y a la remisión directa al Principio constitucional de Reserva de Ley y, por tanto, a la necesariedad de aplicación de Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (BOE nº 261, de 31 de octubre), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público en su redacción actual y que, recordemos a los miembros del Tribunal, es norma con rango Ley a pesar de que las dos primeras palabras de su denominación sean «Real» y «Decreto», dado que el vocablo decisorio para calificar esa disposición según el Principio de jerarquía normativa es el tercero, esto es, «Legislativo». Por exactamente igual motivo resulta también de aplicación al caso propuesto la Ley 2/1987, de 30 de marzo (BOC nº 40, de 3 de abril) de la Función Pública Canaria en lo que a faltas disciplinarias se refiere. Por último, debe recordarse que el docente del referido «Caso práctico» no podría ser sancionado por su conducta culposa hasta después de llevar a cabo el correspondiente procedimiento disciplinario según lo regulación establecida por el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero (BOE nº 15, de 17 de enero), por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado en su redacción actual (dado el carácter supletorio de la normativa estatal en el ámbito autonómico tal y como dispone la CE), aunque sí podría solicitarse la suspensión cautelar de funciones del profesor por estar sufriendo riesgo el derecho fundamental a la educación establecido en el artículo vigésimo séptimo de la Constitución Española (CE), como ya se ha descrito en el Antecedente de Hecho décimo sexto.

SEXTO.- Aun siendo cierto que es comprensible que el documento «Caso práctico y solución» no fuera elaborado por el Tribunal con pretensiones de incorporar en el mismo una explicación exhaustiva de la solución pretendida para el «Caso práctico», no por ello deja de resultar llamativa la nula motivación contenida en el mismo, toda vez que nos encontramos ante la valoración de la realización de un informe administrativo sobre la actuación laboral de un empleado público, por lo que la adecuada calificación del supuesto no podría de ninguna forma omitir la necesaria motivación del informe dado que ello llevaría a la mención de unos Hechos y de unos Fundamentos Jurídicos referidos sin alegar motivación alguna. Por tanto, debe recordarse que la motivación de los actos administrativos está recogida en el artículo trigésimo quinto de la Ley 39/2015 siendo de aplicación al «Caso práctico» propuesto por el Tribunal en la primera parte de la prueba del procedimiento selectivo.

SÉPTIMO.- Pero siendo muy grave que el Tribunal haya publicado una solución incorrecta a la parte del «Caso práctico» que nos ocupa, lo es más que haya pretendido que esa la única solución posible. De nuevo solo desde un desconocimiento de la realidad del funcionamiento del ordenamiento jurídico puede pretenderse valorar una actuación de Derecho como si de la resolución de un problema de Lógica se tratase lo que engarza con la ausencia de motivación alguna en el documento «Caso práctico y solución», tal y como se ha expuesto en el Fundamento de Derecho inmediatamente anterior. En este sentido cabe decir que las negativas consecuencias de la errónea actuación del Tribunal hubieran sido mucho menores si hubiera aceptado otras posibles soluciones al «Caso práctico» siempre que hubieran estado adecuadamente motivadas. Por poner solo un ejemplo de ello y siendo evidente que si opta por la vía de sancionar al docente del supuesto se debe actuar por vía disciplinaria, no lo es menos que, ante un caso como el propuesto, y con la información que se ofrece en el ejercicio, se podría haber considerado la necesidad de descartar la posibilidad de que el docente estuviera actuando de la forma que se menciona como consecuencia de estar padeciendo alguna enfermedad y, por tanto, y siempre que se motivara adecuadamente, no debería haber problema en aceptar como solución al caso (o como parte de la solución) la elaboración de un informe de solicitud de valoración por parte de la Inspección Médica para solo entonces poder plantearse la posibilidad de estar ante un caso de «falta de capacidad», no pedagógica sino de salud (por lo que tampoco sería de aplicación la Orden que el Tribunal pretende), que estuviese ocasionada por una patología mental, como, de hecho, le ha sucedido al recurrente durante los seis años de servicio prestados en la Inspección de Educación en calidad de inspector accidental.

OCTAVO.- Pero es que, a toda la argumentación anterior, se une el hecho de que después de la publicación de la STS 4193/2017, la cual tiene categoría juriprudencial, y teniendo en cuenta que la Jurisprudencia del TS es de aplicación en todo el país, y que obliga a todos los tribunales de justicia a interpretar las normas jurídicas según la misma (lo que debe citarse, dado que el Presidente del tribunal del procedimiento selectivo manifestó al recurrente, en el encuentro mantenido y ya citado del pasado dieciséis de julio, su idea de que la Jurisprudencia establecida por la STS 4193/2017 era solo de aplicación en Andalucía, dado que había sido dicha Comunidad Autónoma la autora de la Orden departamental recurrida a la que hace referencia la citada sentencia) resultaría cuando menos muy delicado proponer la aplicación de la Orden de 22 de mayo de 2011 en su redacción actual incluso en casos de falta de capacidad pedagógica e igualmente en el caso de funcionarios interinos en prácticas en los que se diese una situación de insuficiente pericia para desempeñar el puesto, por lo que podríamos encontrarnos ante un situación que acabara produciendo la declaración de ilegalidad de la norma. Sobre este asunto no se profundizará más tanto por mor de concisión (dado que se adjunta la STS 4193/2017 al presente escrito, como ya se hizo cuando se entregó el Escrito de Alegaciones al Tribunal) como por la innecesariedad de tener que alegar la existencia de la misma para la justificación de la argumentación jurídica realizada en este Recurso de Alzada, aunque sin duda los «Fundamentos de Derecho» de la referida STS 4193/2017 resultarán sin duda muy aclaratorios sobre el caso para quien lea y comprenda el contenido de esta sentencia.

NOVENO.- En cuanto a la discrecionalidad técnica de los tribunales de procedimientos selectivos, tantas veces alegada para justificar actuaciones inapropiadas, debe también decirse que la más reciente jurisprudencia del TS la considera una presunción «iuris tantum» de acierto, es decir, le concede presunción de veracidad pero admitiendo prueba en contrario, dado que hace ya tiempo que dicha discrecionalidad técnica perdió su antigua presunción «iuris et de iure». En este sentido son varias las sentencias posteriores al año 2013 que pueden citarse como son la STS 217/2013, la STS 3719/2014, la STS 5341/2014 o la STS 2433/2016.

DÉCIMO.- Pero es que además de todo ello son también varias las sentencias del TS que fijan la actual Jurisprudencia del mismo la cual considera que los tribunales de justicia (del orden jurisdiccional contencioso-administrativo) pueden revisar las cuestiones jurídicas y los casos prácticos con contenido jurídico de los procedimientos selectivos para el ingreso en los distintos cuerpos de la función pública en aplicación del principio general del derecho «Iura novit curia» tal y como se establece, entre otras, en la STS 5750/2009, STS 1419/2011, STS 3932/2013, STS 3472/2014, STS 3719/2014 y la STS 3721/2014. Por tanto, es completamente congruente con ello solicitar la revisión de la parte de contenido jurídico administrativo del «Caso práctico» del procedimiento selectivo que nos ocupa en aplicación del precitado principio general del derecho por parte de los técnicos del Servicio de Régimen Jurídico de la Dirección General de Personal (DGP), que es el órgano directivo de la Consejería de Educación y Universidades (CEU) del Gobierno de Canarias que nombra a los miembros del Tribunal, que constituyen el órgano colegiado de selección, el cual depende jerárquicamente de dicha Dirección General de Personal.

En su virtud,

SUPLICO que, teniendo por presentado este escrito, lo admita a trámite y dé por interpuesto Recurso de Alzada contra el acta de calificación definitiva de la primera parte de la prueba) de la fase de oposición (acto de trámite) del Procedimiento Selectivo para acceder al Cuerpo de Inspectores de Educación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, correspondien- te a la Oferta de Empleo Público del año 2018 convocado por Orden de 28 de marzo de 2019 (BOC nº 66, de 4 de abril) de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias,

SOLICITANDO

La anulación del acto de trámite consistente en la publicación del «Acta de calificación definitiva» de la primera parte de la prueba así como todos los actos administrativos posteriores al mismo que se hayan podido producir por ser consecuencia de un acto nulo, retrotrayendo por tanto el Procedimiento Selectivo hasta ese momento y suspendiendo de inmediato cautelarmente el mismo hasta tanto se resuelva lo impetrado en este Recurso de Alzada.

Otrosí, la publicación de una nueva «Acta de calificación definitiva» de la primera parte de la prueba elaborada conforme a lo establecido en el documento «Caso práctico y solución» una vez que se hayan subsanado sus errores de hecho como paso previo a la reanudación del Procedimento Selectivo.

En Santa Cruz de Tenerife, a 19 de julio de 2019

ANEXO: «CASO PRÁCTICO Y SOLUCIÓN»


1 N. del E.: Las negritas y las marcas de énfasis son nuestras.