El pasado mes de febrero la Fundación Jaume Bofill publicaba el informe Equidad y resultados educativos en Cataluña dirigido por Xavier Bonal. Mediante un análisis de los resultados PISA de 2012, el documento cuestiona dos premisas fuertemente consolidadas en el debate público respecto el sistema educativo catalán. La primera, que los resultados generales de Cataluña son mediocres respecto otros países y regiones de su entorno. Y, la segunda, que Cataluña ofrece niveles de equidad relativamente elevados. Y es que, según sus autores, lo que verdaderamente distingue al sistema educativo catalán no son tanto sus resultados como las desigualdades sociales existentes en los centros catalanes, tanto a nivel de género, de clase social como de procedencia.

El informe apunta, además, otras conclusiones importantes. En primer lugar, que aquellos países que han mejorado sus puntuaciones entre los años 2003 y 2012 (casos de Alemania, Suiza o Italia) han conseguido reducir las desigualdades de rendimiento en base a los niveles socioeducativos de su alumnado. Es decir, que el incremento de la equidad en su funcionamiento, organización y composición ha permitido una mejora de resultados. No sería el caso de Cataluña, donde el riesgo de fracaso escolar es seis veces superior en el caso del alumnado de niveles socioeconómicos bajos. También resulta especialmente significativa la diferencia de resultados entre el alumnado autóctono y el de origen inmigrado, así como entre chicos y chicas. En definitiva, que tenemos mucho trabajo por delante en términos de equidad y de justicia social.

Más allá de informes, datos y de diferentes porcentajes y resultados de uno u otro territorio, mi sensación personal es que se está abriendo una brecha importante en el sistema educativo. O quizá que se está agrandando la ya existente y resquebrajándose en nuevas fracturas. Y es que, en mi opinión, no es de recibo que centros de la red pública presenten diferencias tan abismales entre ellos en cuanto a recursos, composición de su alumnado, instalaciones, etc. Claro que la realidad del sistema educativo público es diversa y variada, por supuesto. No obstante, a mi entender, debería ser el propio sistema el que proporcionase elementos para equilibrar situaciones de desigualdad derivadas de una determinada estructura socioeconómica del territorio. Y eso no se arregla únicamente con unos cuantos profesores más en nómina.

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Una de las funciones tradicionalmente asignadas a la educación es la de ascensor social para los miembros de las clases más desfavorecidas. No obstante, quizá se trate de una metáfora apta para otros tiempos. Si bien las tasas de paro se mantienen más bajas en niveles de formación y educación superiores, parece claro que hoy en día no son garantía suficiente para acceder a modelos de ocupación dignos. Y ello, en gran parte, no es responsabilidad tanto de un sistema educativo que trabaja a marchas forzadas como de un mercado laboral raquítico y menguante en cuanto a derechos, salarios y condiciones laborales de sus trabajadores.

Así pues, debemos trabajar en reducir las desigualdades sociales presentes en el tejido educativo. No obstante, creo que se trata de un esfuerzo que deberían impulsar las administraciones educativas de turno con políticas y recursos a tal efecto. Solo después desde los centros educativos podremos plantearnos actuaciones eficaces de gran calado en favor de la justicia social y la equidad. Y la sensación es que, hoy en día, el funcionamiento está siendo totalmente el contrario: mientras que los centros proponen alternativas, las instituciones se ponen de perfil. Además, el problema seguramente no sea solo educativo, sino de modelo social. En fin, que el ascensor se despeña… El tema es: ¿nos salvamos juntos o sálvese quien pueda?